Las autoridades chilenas cierran tres locales de juego ilegales en Chillán

Las autoridades de Chillán (Chile) cerraron tres establecimientos de juego ilegales en el centro de la ciudad tras una operación coordinada de varias agencias dirigida a las operaciones de juego sin licencia.
La acción de cumplimiento involucró al Ministerio de Salud Regional de Ñuble, la Policía de Investigaciones, la Policía de Chile, la Dirección del Trabajo y los servicios de inspección municipal.
Lautaro Arias Berrocal, director de Seguridad Pública, afirmó que funcionarios de varias entidades regionales llegaron simultáneamente a tres establecimientos que operan en la ciudad el jueves por la tarde. Los locales, ubicados en la calle Maipón y dos en la calle 5 de Abril, ofrecían servicios a los clientes mientras operaban fuera de los marcos legales.
Arias explicó que la intervención fue el resultado de una reunión de un grupo de trabajo realizada en conjunto con las agencias participantes. La operación tenía como objetivo combatir el comercio ilegal, realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, iniciar procedimientos sanitarios cuando procediera, supervisar el cumplimiento de las leyes de migración e inmigración, garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y verificar el cumplimiento de la legislación tributaria.
La operación resultó en tres arrestos por violar y romper los precintos, en procedimientos sanitarios por infringir la ley del tabaco e infracciones por informalidad laboral. Las autoridades inspeccionaron a personas de nacionalidad chilena, a dos ciudadanos chinos en situación migratoria irregular y a dos ciudadanos venezolanos en situación regular.
Los cierres forman parte de las iniciativas intersectoriales en curso para hacer cumplir la ley contra las operaciones de juego ilegal en la ciudad. La ley chilena restringe las operaciones legales de juego a cuatro entidades autorizadas: Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, las operaciones nacionales de carreras de caballos y los casinos autorizados por el estado. Estos operadores autorizados pagan impuestos, financian políticas públicas y operan bajo supervisión estatal.
La proliferación de establecimientos de juego no autorizados que operan fuera de la supervisión regulatoria ha provocado una mayor coordinación entre los organismos de aplicación chilenos.
Los lugares ilegales funcionan sin la protección del consumidor, las contribuciones fiscales o la supervisión adecuada, lo que genera problemas de salud y seguridad públicas y priva al estado de los ingresos destinados a apoyar los programas públicos.